Comienza Rousseau El contrato social con la notable frase «El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado». Debido a que estas cadenas no se encuentran en el estado de naturaleza, deben ser construcciones de convención. Rousseau busca así la base de una autoridad política legítima en la que las personas deben renunciar a su libertad natural. Establece dos condiciones para una política legal y crea varias cláusulas para garantizar que se cumplan. Primero, no debe haber relaciones de dependencia particular en el estado, y segundo, al obedecer las leyes, un individuo solo se obedece a sí mismo.
La solución de Rousseau al problema de la autoridad legítima es el «contrato social», un acuerdo mediante el cual la gente se une para su mutua preservación. Este acto de asociación crea un cuerpo colectivo llamado «soberano». El soberano es la autoridad suprema del estado y tiene su propia vida y voluntad. El interés del soberano, o la «voluntad general», siempre promueve el bien común. Esto contrasta con la voluntad privada de cada ciudadano, que se esfuerza solo por el beneficio personal.
La ley expresa la voluntad general y solo debe dictar reglamentos que afecten a toda la población. El objetivo de la legislación es proteger la libertad y la igualdad y promover el bien común. Sin embargo, es posible que las personas no siempre sepan cómo perseguir el bien común y es posible que necesiten la ayuda de un legislador para guiarlas en la elaboración de leyes. El legislador evita que los intereses privados influyan en la legislación y ayuda a la población a sopesar los beneficios a corto plazo con los costos a largo plazo.
Aunque el soberano ejerce la autoridad legislativa, el estado también necesita poder ejecutivo para implementar la voluntad general. Hay tres tipos principales de gobierno: democracia, aristocracia y monarquía. El tipo se elige en función de varios factores, incluida la población y el clima. Los gobiernos más pequeños tienen más fuerza que los más grandes y la población se vuelve más rebelde a medida que crece. Por tanto, Rousseau sostiene que, en general, debería haber una relación inversa entre el tamaño del gobierno y el tamaño de la población. Por lo tanto, los estados grandes deberían tener una monarquía, los estados intermedios deberían tener una aristocracia y los estados pequeños deberían tener una democracia.
Rousseau afirma que el establecimiento del gobierno no es, como han argumentado filósofos como Hobbes y Grocio, un contrato. El soberano emplea al gobierno como representante de los encargados de ejecutar la voluntad general. Así, el soberano puede alterar la forma de gobierno y reemplazar a sus líderes como quiera.
Como la tendencia natural de todo gobierno es usurpar la soberanía e invalidar el contrato social, los intereses del gobierno siempre están en conflicto con los del soberano. La mejor forma de frenar al ejecutivo es la celebración de asambleas periódicas. Aunque esto pueda parecer difícil, Rousseau cita a la Antigua Roma para demostrar que esto se puede lograr incluso en estados grandes. Cuando la gente se reúne, debe decidir si aprueba la forma actual de gobierno y sus líderes.
Las asambleas periódicas pueden prolongar la vida de un estado, pero eventualmente todos los estados caerán debido a las usurpaciones del gobierno. Sin embargo, todos los ciudadanos deben cumplir con sus deberes cívicos mientras exista el estado. No pueden emplear representantes para articular la voluntad general porque la soberanía no se puede transferir. Tampoco pueden usar el dinero para eludir sus responsabilidades, porque esto corrompe al estado y destruye la libertad civil.
Al votar, cada persona debe evaluar si una ley está de acuerdo con la voluntad general, no si apoya sus intereses privados. Por lo tanto, tiene la obligación de seguir incluso aquellas leyes a las que no da su consentimiento. En un estado saludable, la gente comparte un sentimiento común y muestra unanimidad en las asambleas. En un estado en declive, la gente coloca sus intereses privados por encima del bien común y trata de manipular el proceso legislativo.
Aunque el soberano debe permitir las libertades religiosas de sus miembros, puede imponer un conjunto de valores que son necesarios para ser un «buen» ciudadano. Este sistema de creencias, que Rousseau llama «religión civil», consiste en la creencia en un Dios y en el más allá, la justicia universal y el respeto por la santidad del contrato social. El estado tiene el poder de expulsar del estado a cualquiera que se oponga a los principios de la religión civil.
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